¿Qué es el caso Cámelot?

Es un caso en el que se entre­mezcla la corrupción urbanísti­ca, el cohecho y la prevaricación en diferentes ámbitos de la po­lítica municipal de Torre Pache­co y Fuente Álamo, ambos mu­nicipios gobernados por el PP.

A pesar de que las investiga­ciones comenzaron en 2007 y que desde finales de 2013 está a la es­pera del juicio oral en la Sala de Lo Penal de la Audiencia de Cartage­na, aún no hay una fecha para la ce­lebración del juicio ni nadie ha asu­mido responsabilidades políticas.

Entre marzo y mayo de 2008, durante la investigación del caso, el alcalde de Torre Pacheco, Da­niel García Madrid, ingresó en prisión como medida cautelar destinada a impedir la destruc­ción y/o distorsión de pruebas.

José Luis Díaz Manzanera, fis­cal de Delitos Urbanísticos y contra el Medio Ambiente, presentó el 12 de febrero de 2013 su escrito de calificación provisional en el que pide cuatro años y un mes de cárcel y cuarenta y tres años de inhabilita­ción especial para el alcalde de Torre Pacheco, por tres delitos de prevari­cación, dos de tráfico de influencias y uno de fraude. Para María Anto­nia Conesa, alcaldesa de Fuente Álamo, solicita un año y medio de cárcel, cuatro años y medio de in­habilitación especial y 24.000€ de multa por dos delitos de cohecho.

El resto de imputados en este caso son: El empresario de la construc­ción Facundo Armero, fundador de Polaris World, acusado de co­hecho, para quien se pide un año y medio de cárcel; El arquitecto técnico municipal de Torre Pache­co, Ramón Cabrera, acusado de prevaricación y fraude, quien se enfrenta a 15 años de inhabilita­ción y año y medio de cárcel; Y, el jefe de la Policía Local de Torre Pa­checo, José Mercader Saura, para quien el fiscal pide 8 años de inha­bilitación y año y medio de cárcel.

Los presuntos delitos co­metidos en Torre Pacheco se dividen en cuatro piezas:

La primera y de mayor importancia es el conocido como ‘caso de la per­muta’. El Ayuntamiento intercambió con la empresa ‘Mar Menor Golf Resort’ (filial de Polaris World), una parcela urbana de 34.834 m2 a cambio de cuatro parcelas rústicas que en conjunto sumaban 53.033 m2. El perjuicio para las arcas muni­cipales se mueve entre los 3,5 y los 6 millones de euros. Según el fiscal, la operación se firmó “sin expe­diente previo y sin ningún informe o dictamen con unas mínimas con­sideraciones técnicas, económicas y jurídicas que acreditasen su nece­sidad para servir al interés público”. Para justificar el intercambio, el ar­quitecto técnico del Ayuntamiento, Ramón Cabrera (que había susti­tuido en la mayoría de funciones al arquitecto municipal, José Antonio Albaladejo, quien se había mostra­do crítico con esta y otras operacio­nes urbanísticas) redactó un pequeño informe en el que tasaba los terrenos urbanos muy por debajo de su precio de mercado. Para respaldar su manio­bra, Daniel García Madrid aseguró que el intercam­bio de terrenos permitiría la ampliación del cemente­rio de la pedanía de El Ji­menado… Pasaba por alto que este cementerio no es de propiedad municipal.

En la segunda pieza también aparece el nom­bre de Facundo Armero. Este, se benefició de una reparcelación innecesaria que causó un perjuicio de 25.800€ a las arcas públi­cas. Previamente el arqui­tecto municipal J. A. Alba­ladejo había advertido de varias deficiencias relacio­nadas con el cumplimien­to de las Normas Subsidiarias sobre zonas verdes. A pesar del informe, el 22 de abril de 2005 el alcalde de Torre Pacheco firmó y autorizó la reparcelación “sin disponer de nin­gún informe técnico municipal que le amparara”, en palabras del fiscal.

La tercera pieza incluye dos delitos: la emisión de una cédula de habitabilidad para una casa con informes municipales negativos por parte del arquitecto técnico Ramón Cabrera, previa petición expresa de Daniel García Madrid; y la no inter­vención municipal ante la existen­cia de una balsa ilegal en el paraje de La Maraña, “construida sin nin­gún tipo de licencia y al margen de la más elemental legalidad, propie­dad de un conocido suyo” –según el escrito de la acusación. A pesar de conocer los hechos Daniel Gar­cía Madrid decidió hacer la vista gorda. Una de las conversaciones intervenidas a García Madrid de­muestra que Alberto Garre, actual presidente de la Comunidad Au­tónoma, conocía el caso. En esta conversación se puede escuchar a Garre decir a García Madrid:

“Sí, sí, pero si no se queja nadie, pues no pasa na” […] “Sus hijos yo creo que son nuestros. Sí sus hijos son nuestros, son gente nuestra”.

Finalmente la última pieza de la ramificación del caso en Torre Pa­checo involucra al jefe de la Policía Local, José Mercader y al alcalde del municipio. Daniel García Madrid pidió al jefe de la Policía Local que retirase una multa de 1.500 euros a un conductor, cuñado de un amigo suyo, que había sido cazado sin se­guro y sin pasar la ITV de su vehículo.

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